El Cronista publicó artículo de opinión de Cynthia sobre el sistema de adopciones, en el que adelanta los lineamientos de su propuesta
A horas de la presentación de su proyecto de ley de Adopciones, el diario El Cronista publicó en su edición de hoy una nota de opinión de Cynthia sobre el sistema vigente y sobre los puntos del mismo que deberían modificarse, los cuales precisamente se encuentran contemplados en la iniciativa de su autoría.
Te invitamos a leer la nota completa, la cual encontrarás también en el siguiente link: http://www.cronista.com/notas/198166-el-sistema-adopciones-agoniza-y-demanda-cambios-urgentes-
Te invitamos a leer la nota completa, la cual encontrarás también en el siguiente link: http://www.cronista.com/notas/198166-el-sistema-adopciones-agoniza-y-demanda-cambios-urgentes-
El sistema de adopciones agoniza y demanda cambios urgentes
Por Cynthia Hotton, Diputada nacional del PRO e impulsora del proyecto de Ley de Adopciones
En la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires alrededor de 6.000 matrimonios aguardan impacientes la posibilidad de consumar por vía legal su sueño de convertirse en padres adoptivos. La cifra se eleva a niveles impensados en el resto del territorio nacional.
Pero inexplicablemente otros miles de niños permanecen en paralelo institucionalizados durante largos períodos de tiempo en centros oficiales, presos del abandono y de la extrema soledad, a la espera del pronto cumplimiento del trámite legal que les permita comenzar a gozar de los beneficios del amor parental y del calor de un hogar propio. En el medio, sólo quedan interrogantes sin respuestas, bronca, indignación e impotencia.
La vigente Ley nacional de Adopción (Nº 24779) ha demostrado a las claras su incapacidad para solucionar una problemática tan sensible como dolorosa: la de un vasto cúmulo de familias ansiosas por dar amor, frente a decenas de miles de niños desamparados que deambulan por los caminos de la indecisión y la extrema burocratización, sufriendo en carne propia las consecuencias de la desorganización de los estamentos oficiales, de la indiferencia de las autoridades y de la ineficiencia global de un sistema ya obsoleto.
La lentitud del aparato estatal a la hora de actuar como nexo entre ambos sectores visibles uno del otro pero lejanos en los papeles, acarrea consecuencias por demás complejas para cada uno de los actores que integran esta cadena de desencuentros. Aún más, la irresolución de los trámites judiciales de adopción da pie a la consumación de delitos aberrantes, tales como el robo de bebés para su comercialización, y a prácticas al menos polémicas, como el alquiler de vientres maternos.
La gravedad de la coyuntura nos obliga a actuar de inmediato, promulgando aquellas reformas que, en lugar de simplemente parchar un sistema agonizante que genera hoy por hoy un profundo descreimiento social, aplique cambios de fondo que optimicen los procesos, simplifiquen los modos y acorten los tiempos, devolviendo así la esperanza a familias desencantadas y propiciando la protección familiar del niño desde su temprana edad.
Una propuesta diferente
La nueva Ley de Adopciones que el país requiere implementar debe apuntar primordialmente a la preservación absoluta e ineludible del niño, aplicando en primer lugar todos aquellos instrumentos legales que permitan prevenir el abandono, y articulando paralelamente los procesos más adecuados para evitar su traumática institucionalización.
En definitiva, la nueva norma debe velar por el interés superior del menor, en concordancia con lo establecido en el Artículo Nº 3 de la Convención de los Derechos del Niño, del 20 de noviembre de 1989.
Pero una ley acorde a los tiempos actuales debe también sustentarse en la figura de aquellas progenitoras que han decidido no asumir su función de madres, detectándolas en primera instancia y brindándoles luego alternativas y acompañamiento durante todo su embarazo.
Asimismo deben ponerse en marcha los mecanismos necesarios para garantizar una familia adoptiva al niño por nacer, eludiendo el menor de esta manera la instancia de institucionalización en sus primeras semanas de vida, las cuales son vitales para su desarrollo posterior según coinciden numerosos estudios científicos en la materia.
El replanteamiento de la norma vigente debe garantizar asimismo una agilización en el trámite de guarda pre-adoptiva, además de brindar a los jueces la facultad de otorgar la adopción plena de aquellos menores cuyos padres se hayan desentendido de éstos por el período de seis meses, siendo actualmente dicho plazo de 12 meses.
Una ley superadora en materia de adopción debe permitir además a los magistrados otorgar la adopción plena cuando el desamparo moral o material del niño resulte evidente, manifiesto y continuo.Todo esto dará transparencia y orden al nuevo sistema, a fin de generar confianza pública en el mismo y desalentar así las actitudes ilícitas que subyacen a partir de los dilatados plazos actuales de adopción.
Por Cynthia Hotton, Diputada nacional del PRO e impulsora del proyecto de Ley de Adopciones
En la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires alrededor de 6.000 matrimonios aguardan impacientes la posibilidad de consumar por vía legal su sueño de convertirse en padres adoptivos. La cifra se eleva a niveles impensados en el resto del territorio nacional.
Pero inexplicablemente otros miles de niños permanecen en paralelo institucionalizados durante largos períodos de tiempo en centros oficiales, presos del abandono y de la extrema soledad, a la espera del pronto cumplimiento del trámite legal que les permita comenzar a gozar de los beneficios del amor parental y del calor de un hogar propio. En el medio, sólo quedan interrogantes sin respuestas, bronca, indignación e impotencia.
La vigente Ley nacional de Adopción (Nº 24779) ha demostrado a las claras su incapacidad para solucionar una problemática tan sensible como dolorosa: la de un vasto cúmulo de familias ansiosas por dar amor, frente a decenas de miles de niños desamparados que deambulan por los caminos de la indecisión y la extrema burocratización, sufriendo en carne propia las consecuencias de la desorganización de los estamentos oficiales, de la indiferencia de las autoridades y de la ineficiencia global de un sistema ya obsoleto.
La lentitud del aparato estatal a la hora de actuar como nexo entre ambos sectores visibles uno del otro pero lejanos en los papeles, acarrea consecuencias por demás complejas para cada uno de los actores que integran esta cadena de desencuentros. Aún más, la irresolución de los trámites judiciales de adopción da pie a la consumación de delitos aberrantes, tales como el robo de bebés para su comercialización, y a prácticas al menos polémicas, como el alquiler de vientres maternos.
La gravedad de la coyuntura nos obliga a actuar de inmediato, promulgando aquellas reformas que, en lugar de simplemente parchar un sistema agonizante que genera hoy por hoy un profundo descreimiento social, aplique cambios de fondo que optimicen los procesos, simplifiquen los modos y acorten los tiempos, devolviendo así la esperanza a familias desencantadas y propiciando la protección familiar del niño desde su temprana edad.
Una propuesta diferente
La nueva Ley de Adopciones que el país requiere implementar debe apuntar primordialmente a la preservación absoluta e ineludible del niño, aplicando en primer lugar todos aquellos instrumentos legales que permitan prevenir el abandono, y articulando paralelamente los procesos más adecuados para evitar su traumática institucionalización.
En definitiva, la nueva norma debe velar por el interés superior del menor, en concordancia con lo establecido en el Artículo Nº 3 de la Convención de los Derechos del Niño, del 20 de noviembre de 1989.
Pero una ley acorde a los tiempos actuales debe también sustentarse en la figura de aquellas progenitoras que han decidido no asumir su función de madres, detectándolas en primera instancia y brindándoles luego alternativas y acompañamiento durante todo su embarazo.
Asimismo deben ponerse en marcha los mecanismos necesarios para garantizar una familia adoptiva al niño por nacer, eludiendo el menor de esta manera la instancia de institucionalización en sus primeras semanas de vida, las cuales son vitales para su desarrollo posterior según coinciden numerosos estudios científicos en la materia.
El replanteamiento de la norma vigente debe garantizar asimismo una agilización en el trámite de guarda pre-adoptiva, además de brindar a los jueces la facultad de otorgar la adopción plena de aquellos menores cuyos padres se hayan desentendido de éstos por el período de seis meses, siendo actualmente dicho plazo de 12 meses.
Una ley superadora en materia de adopción debe permitir además a los magistrados otorgar la adopción plena cuando el desamparo moral o material del niño resulte evidente, manifiesto y continuo.Todo esto dará transparencia y orden al nuevo sistema, a fin de generar confianza pública en el mismo y desalentar así las actitudes ilícitas que subyacen a partir de los dilatados plazos actuales de adopción.
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